Servicios y fondos de inversión

El sector de los servicios financieros está considerado uno de los pilares de la economía maltesa y también es el sector de mayor expansión, en particular modo, tras su adhesión a la UE.

Malta se ha consolidado como una jurisdicción de servicios financieros de renombre, gracias a una política seria de cumplimiento de la normativa pero con flexibilidad. Además, el favorable régimen fiscal de Malta y los mecanismos de deducción por doble imposición junto con el régimen de pasaporte único, aseguran a los operadores de servicios financieros un entorno muy atractivo para llevar a cabo sus actividades.

Servicios de inversión

Los servicios de inversión están regulados por la Investment Services Act, (Ley de Servicios Financieros) de 1994 (‘La Ley’). La ley define “servicio de inversión” como “cualquier servicio incluido en el primer anexo de la Ley, cuando se proporciona en relación a un instrumento”.

La prestación de un servicio de inversión en o desde Malta es una actividad sujeta a licencia

El primer anexo de la Ley enumera los siguientes servicios: recepción y transmisión de órdenes en relación a uno o más instrumentos; ejecución de órdenes en representación de otras personas; negociación por cuenta propia; gestión de inversiones; servicios como fiduciario, custodio o nominatario; asesoramiento en materia de inversión; suscripción y/o colocación de instrumentos en base a un compromiso firme y la gestión de un sistema negociador multilateral.

El término “instrumento” está definido de manera muy general en la Ley y abarca muchos tipos de inversiones, incluyendo acciones, bonos, participaciones en una institución de inversión colectiva, futuros y otros contratos derivados y contratos sobre tipos de cambio estipulados para fines de inversión.

La gestión de fondos ya no es una actividad para la que se requiera obtener una licencia. Las empresas que ofrezcan este servicio deben ahora solicitar a la Autoridad para los Servicios Financieros de Malta (MFSA) su reconocimiento oficial según lo establecido en la Ley. También es pertinente señalar que las empresas que prestan servicios de apoyo administrativo en el sector de los servicios financieros deberán obtener la aprobación de la antedicha Autoridad antes de empezar sus actividades.

Para los servicios de inversión hay una serie de excepciones a la obligación de licencia las cuales aplican en particulares circunstancias.

Procedimiento de concesión de licencias

Al evaluar una solicitud de licencia, la Autoridad para los Servicios Financieros de Malta deberá estar convencida de que el solicitante cumpla con los requisitos y, además, sea “adecuado e idóneo” para operar conforme a la ley y a cualquier condición requerida en las Condiciones Generales para la Concesión de Licencias adjunta a la licencia expedida. La prueba de idoneidad es un concepto fundamental de reglamentación que requiere que los licenciatarios actuales y potenciales, además de sus accionistas cualificados y directivos demuestren su competencia, integridad y solvencia en todas sus actividades. Estos requisitos se aplican tanto en la fase de concesión de licencias como después, de forma continua.

Imposición

Malta ofrece un régimen fiscal muy favorable a los accionistas de operadores en el campo de los servicios de inversión. Además, en Malta, es posible pedir la resolución anticipada respecto al tratamiento fiscal de operaciones que involucren instrumentos financieros y comercio internacional. Para mayor información consúltese el folleto informativo ‘Empresas maltesas e impuestos’.

Régimen de pasaporte europeo

Según los artículos del reglamento sobre los derechos de pasaporte europeo para las entidades de crédito de 2004, las entidades de crédito podrán hacer uso del régimen de pasaporte único y, tras el cumplimiento de las formalidades prescritas, pasaportar en Malta o fuera de Malta de/a un estado de la UE o EEE por medio del establecimiento de una sucursal u ofreciendo servicios sobre una base transfronteriza.

Fondos

La Ley de Servicios Financieros de 1994 (‘la Ley’), establece el cuadro reglamentario para las instituciones de inversión colectivas.

La Ley provee la infraestructura necesaria para la constitución de instituciones de inversión colectivas como estructuras corporativas, fondos de inversión o mediante acuerdos contractuales. Se prevén estructuras empresariales de fondos de inversión tanto abiertos como cerrados.

Además, los fondos de inversión pueden ser constituidos ya sea como fondos públicos que como fondos privados. Es posible también que los fondos de inversión obtengan una cotización principal o secundaria en un mercado regulado.

Criterios de cualificación

Una institución de inversión colectiva organizada conforme a las leyes maltesas o que opera en o desde Malta requiere, según la Ley, una licencia. Existen, sin embargo, una serie de excepciones a la obligación de licencia para las instituciones de inversión colectiva, las cuales aplican en particulares circunstancias.

Procedimiento de concesión de licencias

El solicitante de una licencia de institución de inversión colectiva debe ser “adecuado e idóneo”. Por lo tanto, los concesionarios potenciales o autorizados y sus accionistas cualificados y personal directivo, deben demostrar capacidad, integridad y solvencia en todas sus operaciones. Estos requisitos se aplican tanto en la fase de concesión de licencias como después, de forma continua.

El tratamiento fiscal de un fondo depende de ciertas características propias. Existen algunos incentivos fiscales aplicables a fondos y a los inversores en fondos. En Malta, es posible pedir la resolución anticipada respecto al tratamiento fiscal de transacciones que involucren instrumentos financieros y comercio internacional.

Fondos para inversores profesionales

Un Fondo para Inversores Profesionales (Professional Investor Fund – PIF) es un tipo de institución de inversión colectiva destinada a inversores particulares. Un PIF suele establecerse como una sociedad de inversión abierta o cerrada (SICAV o INVCO), una sociedad en comandita o como una sociedad de inversión.

Criterios de cualificación

Un PIF constituido según la legislación maltesa requiere una licencia de institución de inversión colectiva conforme a la Ley de Servicios Financieros de 1994. Por otro lado, un PIF establecido fuera de Malta requeriría la licencia sólo en el caso de haber requerido una cotización en un mercado regulado en Malta o en el caso de realizar una actividad que requiere licencia, como por ejemplo, la gestión de fondos en o desde Malta.

Procedimiento de concesión de licencias

Los PIF están sujetos a condiciones de licencia a la medida. El solicitante, su personal directivo, así como sus proveedores de servicio (si los tiene) y el personal directivo de éstos últimos deben ser “adecuados e idóneos” y, por lo tanto, deben demostrar solvencia, competencia e integridad en todas sus actividades tanto en la etapa de concesión de la licencia como después, de forma continua.

Categorías

El régimen de PIF se compone de tres categorías, a saber: Fondos para Inversores Cualificados, Fondos para Inversores Profesionales y Fondos para Inversores Extraordinarios.

PIF promovidos para Inversores Cualificados

Para que un inversor sea considerado “cualificado”, él/ella/ése/ésa debe declarar que satisface al menos uno de los siguientes criterios: ser una persona jurídica con un patrimonio social de más de 750.000 euros o que forma parte de un grupo que posee un patrimonio social de más de 750.000 euros; ser un organismo de personas sin personalidad jurídica o asociación con un patrimonio neto de más de 750.000 euros; ser un trust con un patrimonio del valor neto de más de 750.000 euros; ser un individuo, o en el caso de una persona jurídica, ser la mayoría del consejo de administración o, en el caso de una asociación, el socio general y poseer una experiencia razonable en la adquisición y/o en la venta de fondos de naturaleza o perfil de riesgo similar, o de propiedad del mismo tipo de la propiedad o de una parte sustancial de la propiedad, a la cual el PIF en cuestión se refiere; ser un individuo cuyo patrimonio neto o cuyo patrimonio neto unido al de su cónyuge sea superior a los 750.000 euros; ser un empleado de alto nivel o un directivo de los proveedores de servicios a los PIF; ser pariente o amigo cercano de los promotores por un total de máximo 10 personas por PIF; ser entidades con (o que forman parte de un grupo con) 3.75 millones de euros o más en la gestión discrecional o invirtiendo por cuenta propia; o ser un inversor que califica como PIF destinado a Inversores Cualificados o Extraordinarios.

En el caso de un PIF promovido para Inversores Cualificados, la inversión inicial mínima es de 75.000 euros o su equivalente en otra moneda, pero las inversiones adicionales pueden ser de cualquier cantidad. Este umbral mínimo para una inversión inicial se aplica a cada uno de los Inversores Cualificados.

Antes de que un PIF pueda aceptar cualquier inversión, éste debe recibir el “Formulario para Inversores Cualificados” completo, en el cual el/la inversionista confirma que ha leído y entendido las advertencias obligatorias sobre los riesgos y explica por qué él/ella/ése/ésa se considera un “Inversor Cualificado”.

Cualquier cantidad expresada en EUROS debes ser interpretada como una suma equivalente expresada en otras monedas convertibles.

Los PIF promovidos para Inversores Cualificados no están sujetos a restricciones de inversión o préstamo (incluyendo el apalancamiento financiero) aparte de los que se pueden especificar en el documento de oferta.

PIF promovidos para Inversores Extraordinarios

Un “Inversor Extraordinario” debe satisfacer al menos uno de los siguientes criterios: ser una persona jurídica con un patrimonio neto de más de 7.5 millones de euros o que pertenezca a un grupo con un patrimonio neto mayor que 7.5 millones de euros; ser un organismo de personas sin personalidad jurídica o asociación con un patrimonio neto de más de 7.5 millones de euros; ser un trust con un patrimonio del valor neto de más de 7.5 millones de euros; ser un individuo cuyo patrimonio neto o cuyo patrimonio neto unido al de su cónyuge sea superior a los 7.5 millones de euros; ser un empleado de alto nivel o un directivo de los proveedores de servicios a los PIF; ser un inversor que califica como PIF destinado a Inversores Extraordinarios; ser una entidad (persona jurídica o asociación) de absoluta propiedad de personas o entidades que satisfacen todos los criterios antes mencionados y que se utilice como instrumento de inversión por parte de dichas personas o entidades.

En el caso de un PIF promovido para Inversores Extraordinarios, la inversión inicial mínima es de 750.000 euros o su equivalente en otra moneda, pero las inversiones adicionales pueden ser de cualquier cantidad. Este umbral mínimo para una inversión inicial se aplica a cada uno de los Inversores Extraordinarios.

Antes de que un PIF pueda aceptar cualquier inversión, éste debe recibir el “Formulario para Inversores Extraordinarios” completo, en el cual el/la inversionista confirma que ha leído y entendido las advertencias obligatorias sobre los riesgos y explica por qué él/ella/ése/ésa se considera un “Inversor Extraordinario”.

A menos que no inviertan en bienes inmuebles, los PIF promovidos para Inversores Extraordinarios no están sujetos a restricciones de inversión o préstamo (incluyendo el apalancamiento financiero) aparte de los que se pueden especificar en el documento de oferta/documento de comercialización.

PIF promovidos para Inversores Profesionales

Los inversores profesionales son personas que tienen pericia, experiencia y conocimientos tales de ser capaces de tomar ellos mismos las decisiones de sus propias inversiones y de comprender los riesgos que eso involucra.

Un inversor profesional es una persona: que tiene experiencia laboral relevante por haber trabajado en el sector financiero por lo menos un año en un puesto profesional o que ha estado activa en este tipo de inversiones; o que tiene una experiencia razonable en la adquisición y/o venta de fondos de naturaleza o perfil de riesgo similar, de propiedades del mismo tipo que la propiedad, o de parte sustancial de la propiedad a la cual el PIF en cuestión se refiere; o es una persona que ha realizado operaciones de inversiones de volumen significativo y con una cierta frecuencia.

El umbral mínimo para una inversión inicial para inversores profesionales es de 10.000 euros o su equivalente en otra moneda extranjera. Este umbral mínimo para una inversión inicial se aplica a cada uno de los inversores profesionales.

Antes de que un fondo para Inversores Profesionales pueda aceptar cualquier inversión, debe recibir un “Formulario de Declaración de Inversor Profesional” completo, en el que el/la inversionista confirma que satisface la definición de “Inversor Profesional” e indica en qué se basa para sostener la confirmación y que ha leído y entendido las advertencias obligatorias sobre los riesgos.

Los PIF promovidos para Inversores Profesionales no están sujetos a ninguna restricción de inversión. Si bien sean admitidos y no limitados los préstamos de forma temporal con fines de liquidez, los préstamos para fines de inversión o para hacer apalancamiento financiero a través de la utilización de derivados están limitados al 100% del VNA (valor neto de los activos).

Proveedores de servicios

Un PIF puede nombrar a cualquier proveedor de servicios que considere necesario, sin embargo, los PIF promovidos para inversores profesionales deben nombrar un custodio. Los proveedores de servicios de un PIF pueden incluir, entre otros: un gerente, un administrador, un asesor de inversiones, y/o un custodio/prime broker. Los proveedores de servicios designados por un PIF deben ser autorizados o aprobados por la Autoridad para los Servicios Financieros de Malta, si operan en o desde Malta. Cualquier proveedor de servicios situado fuera de Malta y que presta servicios a PIF en Malta también debe ser aprobado por la Autoridad. Los proveedores de servicios, salvo raras excepciones, deben estar establecidos y reglamentados en una jurisdicción reconocida.

No es necesario que el gerente, administrador, custodio u otro proveedor de servicios designado tenga su sede en Malta. Sin embargo, cuando todos los proveedores de servicios tienen su sede fuera de Malta y no ha sido nombrado ningún director, es necesario nombrar un representante legal.

Documento de oferta

Un PIF dirigido a inversores profesionales o cualificados debe publicar un documento de oferta, es decir, un documento destinado a proporcionar información suficiente para que los posibles inversores puedan tomar una decisión de inversión informada. El documento de oferta debe incluir, como mínimo, la información requerida por el Investment Services Rules for Professional Investor Funds (Reglamento de Servicios de Inversión para los Fondos de los Inversores Profesionales).

Un PIF dirigido a inversores extraordinarios debe preparar un documento de oferta o un documento de comercialización que, en cada caso, debe incluir la información mínima prescrita en el Investment Services Rules for Professional Investor Funds.

Tiempo necesario para la concesión de la licencia

En caso de que toda la documentación pertinente (incluyendo el formulario de solicitud) haya sido debidamente completada y adjunta, la Autoridad para los Servicios Financieros de Malta responderá a la solicitud dentro de siete días hábiles. Esto sólo aplica cuando el PIF designa un gerente tercero o cuando los proveedores de servicios a los PIF tengan su sede y estén reglamentados en una jurisdicción reconocida.

Cotización en un mercado regulado

Un PIF (siempre que no sea una empresa privada) al que se le ha concedido o haya solicitado una licencia de Institución de Inversión Colectiva, puede también solicitar ser cotizado en un mercado regulado.

Tipos particulares de PIF

Los PIF que invierten principalmente en bienes raíces están sujetos a políticas hechas a la medida.

Además, según el régimen regulador maltés, los fondos de cobertura pueden ser constituidos como PIF. Dichos fondos se están volviendo cada vez más populares y, si nos lo solicita, estaremos encantados de proporcionarle más información al respecto.

Empresas estructuradas en células

Los Reglamentos del 2010 (Incorporated Cell Regulations) de la Ley de Empresas (SICAV Incorporated Cell Companies) entró en vigor el 1º de febrero de 2011. Estos Reglamentos prevén la creación de estructuras formadas por células específicamente adaptadas a los fondos.

La posibilidad de constituir Instituciones de Inversión Colectivas plurifondos que contienen subfondos múltiples y segregados con activos y pasivos separados existe desde el 2003 (Reglamentos SICAV).

Los nuevos Incorporated Cell Regulations van aún más lejos al permitir el registro y la autorización de Incorporated Cells (IC) estructuradas con diferentes “patrimonios” bajo la protección de la Incorporated Cell Company (ICC). Aunque, según los Reglamentos SICAV, un fondo y sus subfondos segregados formen una sola identidad jurídica y, en consecuencia, aunque un subfondo no tenga personalidad jurídica independiente, cada una de las células incorporadas de la ICC tiene personalidad jurídica propia y es tratada como una empresa independiente que forma parte de la ICC.

Los Reglamentos ICC también permiten que una empresa plurifondo segregada pueda ser transformada en una ICC, y que la célula de una ICC pueda ser trasladada de una de esas empresas a otra, de acuerdo a las disposiciones de dicho Reglamento.

Aunque los “fondos paraguas” han sido muy populares desde hace muchos años, siempre ha existido el riesgo potencial de “contagio” entre los subfondos. Por ejemplo, cuando un “fondo paraguas” no ICC tiene un subfondo particularmente estructurado y donde la coyuntura adversa del mercado hace que los pasivos del subfondo excedan a sus activos, para poder sanar el débito se da la posibilidad a los acreedores de recurrir al patrimonio de otros subfondos (los cuales pueden ser, por ejemplo, inversiones y empréstitos de tipo conservador). Así se elimina de la estructura ICC el riesgo potencial.

Además de cuanto expuesto anteriormente, hay otras ventajas ligadas a la constitución de una IC:

  • Costos limitados de constitución de nuevas células (respecto a la constitución de un nuevo fondo independiente)

  • Las células pueden suscribir obligaciones contractuales legales entre sí (por ejemplo, ofrecer garantías o conceder préstamos) o actuar como fondos de alimentación basados en diferentes monedas

  • Las células tienen una identidad legal separada, por lo tanto, pueden contratar a terceros por derecho propio

Las ICC también pueden actuar como “guarderías” para nuevos fondos que pueden comenzar como células de una ICC pero, una vez realizadas ciertas economías de escala, pueden ser convertidas en fondos independientes separados por derecho propio.

Los Reglamentos ICC establecen que la actividad que una ICC lleva a cabo se limita a la actividad de una sociedad de inversión colectiva con capital social variable, como lo define la Ley de Empresas y los Reglamentos SICAV. Cada célula incorporada de una empresa incorporada en células, aunque forme parte de la empresa estructurada en células, debe ser autorizada por separado en calidad de institución de inversión colectiva, según lo establecido en la Ley de Servicios Financieros de 1994. En consecuencia, según lo dispuesto por su licencia, una célula incorporada puede operar independientemente de su relativa empresa estructurada en células.

Imposición

A efectos fiscales, un fondo o un subfondo de una institución de inversión colectiva pueden ser clasificados como fondos prescritos o no prescritos. Un fondo en un plan de inversión basado localmente es clasificado como fondo prescrito si el valor de los bienes ubicados en Malta es al menos el 85% del valor de los activos totales. Otros fondos con licencia, incluyendo los fondos en esquemas con sede en el extranjero, son clasificados como fondos no prescritos.

Todos los ingresos recaudados de instituciones de inversión colectiva están exentos de impuestos en Malta, excepto, en el caso de los fondos prescritos, la retención a cuenta aplicable a los ingresos de inversiones locales. De este modo los ingresos de inversiones locales (sin dividendos) provenientes de fondos prescritos están sujetos a una retención fiscal final. La tasa de retención es del 15% en el caso de los intereses bancarios y del 10% en el caso de ingresos de otras inversiones. Ningún impuesto es retenido sobre los ingresos provenientes de los fondos no prescritos.

En el caso de un fondo prescrito, no se paga impuestos por los inversores no residentes cuando ceden su inversión o cuando reciben un dividendo de dichos beneficios. Los no residentes que reciben dividendos de un fondo no prescrito no sufren retención de impuestos sobre la renta y también están exentos del impuesto sobre las ganancias de capital. Diferentes implicaciones fiscales se aplican en el caso de inversores residentes en Malta.

Además, en el caso de inversiones colectivas, no hay impuesto sobre la emisión o transferencia de acciones ni hay impuesto sobre el valor neto del patrimonio del plan de inversión.

En Malta, es posible pedir la resolución anticipada respecto al tratamiento fiscal de transacciones que involucren instrumentos financieros y comercio internacional.

Redomiciliación

Una persona jurídica creada o constituida en otra jurisdicción puede ser autorizada por el Registro Mercantil de Malta a continuar como persona jurídica registrada o constituida en Malta si satisface ciertos criterios.

Del mismo modo, el Registro Mercantil de Malta tiene el poder de autorizar a una persona jurídica registrada en Malta a seguir como persona jurídica registrada, incorporada o constituida bajo las leyes de un país fuera de Malta, siempre que se satisfagan ciertos requisitos.

 

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